En la Argentina, la seguridad vial sigue tratándose con un enfoque limitado. Leyes más o menos duras, controles o su ausencia, campañas de comunicación y educación en las aulas que no se concretan, medios de comunicación que un día se preocupan y luego olvidan y la multa como la única sanción son elementos habitualmente presentes en una discusión de bajo nivel y corto alcance.

La verdadera revolución (palabra que está de moda en el discurso oficial) se producirá cuando se tome a la cuestión como un tema de salud pública y se asigne a su mejoramiento el presupuesto y la decisión política necesarios. Veamos: si en nuestro país nada mata más jóvenes entre 15 y 24 años y si los gastos de todo tipo asociados a la siniestralidad pueden comerse hasta un 3% del PBI, no se entiende cómo la agenda pública no ubica a este flagelo entre las prioridades iniciales.

Un ejemplo a mano. Todos hemos oído hablar del dengue, el zika y la chykungunya. Todos tenemos siempre un envase de repelente a mano. En la mesa familiar es tema de conversación obligado cuando hay mosquitos cerca. Hay una enorme difusión del tema por parte del Ministerio de Salud. Sepamos que en lo que va de 2017 la cantidad de muertos por estas enfermedades, según datos oficiales, es 0. Nadie. Mientras tanto, 20 personas fallecen a diario por hechos viales y, sin embargo, el Estado parece indiferente.

La discusión tiene que pasar, insisto, por ubicar a la inseguridad vial dentro de los problemas de salud pública de nuestra población y abandonar la perimida y fracasada mirada administrativista del fenómeno. Si a un bebé le ponemos Off pero lo llevamos en brazos en el asiento delantero es que el mensaje a la ciudadanía no es el adecuado.

 

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