Francia recaudará cerca de 1000 millones de euros en 2018 en concepto de multas por exceso de velocidad y otras infracciones, de acuerdo con el presupuesto oficial dado a conocer esta semana por el gobierno de Macron.  Pero las muertes no bajan.

Este número es el mayor de la historia y supera en un 10% el previsto para este año. No obstante, muchos especialistas han alzado su voz contra lo que consideran un sistema que pone el énfasis en la multa como sanción casi exclusiva, algo que no parece haber dado resultados hasta el momento.

De acuerdo con datos  de Sécurité Routière, la autoridad nacional de seguridad vial, el año pasado murieron 3.477 personas y el el 32% de los accidentes mortales fueron causados ​​por el exceso de velocidad. El endurecimiento de las sanciones económicas no ha logrado aún frenar el crecimiento de las muertes por siniestros viales, que ya lleva tres años.  Este dato siembra dudas respecto de la promesa formulada en 2012 por el entonces ministro del Interior, Manuel Valls, quien dijo que quería que el número de muertos fuera inferior a 2.000 personas por año para 2020.

El presidente Emmanuel Macron anunció el mes pasado nuevas medidas de seguridad vial, que incluyen prohibir los kits de teléfonos manos libres en los automóviles, reducir el límite de alcohol ya muy bajo para los conductores jóvenes y probar pruebas de saliva para detectar el consumo de drogas. El gobierno también planea extender el uso de compañías privadas para operar cámaras de velocidad después de una prueba inicial que se llevó a cabo en la región de Normandía.

A diferencia de lo que sucede en otros países de la UE, Francia no ha optado por operativos extendidos de detención de infractores en el momento del hecho, retención de licencias y secuestro de los vehículos, práctica muy extendida por caso en el Reino Unido.  El pago de una multa como pena general, meses después de la infracción, aporta euros a las arcas del Estado pero no aparece como una herramienta de prevención.