Escuela primaria, cuarto grado, habla la maestra. “ La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo integrado por diputados y diputadas de todos los partidos elegidos democráticamente y sanciona las leyes que rigen las vidas de todos los que vivimos, visitamos o trabajamos en esta ciudad. Las leyes que se aprueban en la Legislatura  deben cumplidas por todos. Por el gobierno, por las empresas y por las personas: son obligatorias. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Seguro? Perfecto, sigamos entonces. ¿Y qué pasa si alguien se niega a cumplir la ley? ¿Ustedes qué piensan que sucede en una ciudad como la nuestra si pasa eso? !Claro, muy bien¡ Interviene el Poder Judicial para solucionar el problema: un juez puede ordenarle a alguien que no quiere cumplir las normas a hacerlo, y si no obedece puede castigarlo con una multa, clausurándole un negocio, mandándolo a la cárcel, en fin, el juez tiene muchas maneras de hacerlo.  Así es el trabajo del juez y está obligado a actuar de esa manera, igual que un árbitro de fútbol cuando ve que un jugador le pega una patada a otro. Las leyes tienen que ser respetadas, chicos, porque si cada uno hace lo que quiere sería imposible vivir en sociedad. ¿Se entendió bien? Perfecto, chicos.”

Información, no opinión

El juez Gallardo sólo busca repercusión mediática. Es un militante K que siempre le pone palos en la rueda a Cambiemos. Las aplicaciones de delivery están geniales. Mucha gente trabaja repartiendo comida y Gallardo los deja en la calle. Eso no es trabajo, es esclavitud. Gallardo hace lo que tiene que hacer. Estas aplicaciones son pura precarización laboral.  Talk is cheap, enseña Keith Richards. O como dice Stephen King, las opiniones son como la nariz: todos tenemos una.

Amigos, ¿una opinión vale más que una ley? No, ¿verdad? Por una vez dejemos de lado lo que “creemos”, “sentimos”, “nos parece” o “nos dijeron” sobre algo y tratemos de ser un cachito serios. Les prometo que puestos en ese plan la cuestión de las apps de delivery se termina en 2 minutos. ¿Se copan? Abran Google y pongan Ley 5526 CABA. Aparece el texto. Si les aburre leer en clave abogadil, hago la traducción al castellano. Esta norma está vigente en nuestra ciudad desde 2016 y obliga a las empresas de delivery de comida a domicilio a tener a sus empleados en relación de dependencia, a respetar la legislación laboral y previsional, a darles elementos de seguridad, a contratar seguros, y a varias cosas más, entre ellas a pagar impuestos. A los repartidores, la ley les impone entre otras cosas la obligación de obtener la libreta sanitaria, hacer un curso de seguridad vial, inscribirse en un registro, etc. Al GCBA, la ley lo obliga a fiscalizar que todo esto ocurra, a aplicar sanciones a los que incumplan la ley y a llevar el registro de altas y bajas.de prestadores y repartidores.

Dos preguntas. ¿Esta ley se cumple? No. ¿El Poder Judicial está para hacer cumplir  las leyes? Sì. Listo, fin de la discusión.  En caso de dudas les paso el contacto de la señorita Olga y ella les va a explicar mucho mejor que yo que si una ley no nos gusta, el único modo de sacárnosla de encima es mediante una nueva ley que la derogue.  Mientras eso no suceda, desobedecer no es una opción, mucho menos para un Gobierno.