Alba Sáenz y Héctor D´Agostino perdieron a sus hijos en la tragedia de Santa Fe, cuando el micro en el que viajaban junto a compañeros y docentes del Colegio Ecos en una misión solidaria fue embestido por un camionero borracho. Desde 2006, fecha del siniestro vial, pasaron ya 13 años: más de una década en la que la búsqueda de justicia para las víctimas aún no ha terminado.

En este largo tiempo, estos padres conocieron de manera directa el escaso castigo que el Código Penal prevé para los homicidios viales, así como la falta de impulso que el sistema judicial suele darles a causas como la suya. Lejos de resignarse, se organizaron como asociación y promovieron cambios que, aunque de manera incipiente, ya comienzan a reflejarse en diferentes jurisdicciones.

El martes y miércoles de esta semana, en Rosario y en el marco del Segundo Foro Iberoamericano por la Justicia Vial que convocó a operadores judiciales nacionales e internacionales, el Fiscal General Adjunto de Mendoza, Gonzalo Nazar, que tiene a su cargo la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito de la provincia, contó la experiencia que viene desarrollándose en su provincia desde el año pasado y que puede servir de modelo para otros distritos: la especialización para abordar una temática que constituye la primera causa de muerte en menores de 35 años en la Argentina.

-¿Cómo surgió la Unidad Fiscal dedicada específicamente a homicidios y lesiones viales?

-Uno puede pensar que se trató de un proceso largo, complejo, que necesitó de una normativa especial y de mucho debate, pero la realidad es que surgió en una charla de 15 minutos con el Procurador y con la Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Veíamos que los siniestros viales eran una epidemia y que el tratamiento habitual de las causas no respondía a las necesidades de las víctimas ni a un adecuado tratamiento para el imputado promedio en estos hechos, que tiene características diferentes del autor de delitos contra la propiedad o sexuales, por poner dos ejemplos habituales. “Hagámoslo”, dijimos, y lo hicimos. La Unidad especializada fue el producto de una decisión que entiendo era necesaria. Hoy ya hay 3 fiscalías de instrucción exclusivas de tránsito, y otras 3 mixtas con delitos de menores, con las que se cubre todo el territorio mendocino.

-¿Cuáles son la ventajas de la especialización?

– Intentamos acercarnos a las víctimas y a toda la comunidad, que es directamente afectada por la epidemia de inseguridad vial que afecta a nuestro país. El objetivo es diferenciar la problemática social de los incidentes de tránsito de lo que sería la inseguridad como tal. Siempre tuvimos la idea de plantear la creación de una unidad fiscal dedicada en forma exclusiva y especializada a los delitos de tránsito, porque al no referirse a hechos de inseguridad, quizá se les daba un trato bastante relegado. Al darle entonces tratamiento especializado, primero nos aseguramos que las causas que arriben a esa unidad fiscal sean atendidas por gente con conocimientos especiales en la materia. Y segundo, nos aseguramos un tratamiento igualitario. La causa de tránsito se va a ver con la misma atención y énfasis que un abuso sexual, un homicidio o un robo, y también con la misma velocidad procesal.

-¿Las penas para los delitos viales son las adecuadas?

-El Código, modificado hace 2 años, prevé para el homicidio vial agravado por exceso de velocidad, consumo de alcohol u otros supuestos una pena de 3 a 6 años. La tradición judicial es aplicar casi automáticamente una pena de 3 años en suspenso, por lo que el condenado se va a su casa sobre todo cuando se trata de un delincuente primario. Desde la Unidad Fiscal decidimos, cuando el caso lo justifica, romper esta inercia y solicitar una pena efectiva, aunque después el juez no nos acompañe. Pero damos ese debate. También utilizamos para determinados casos la figura del dolo eventual, que equipara a estos hechos con un homicidio simple, con una pena que arranca en los 8 años.

-¿Siente que han logrado avances?

– Hemos avanzado mucho. En el año y medio de existencia de las fiscalías de tránsito hemos logrado 45 condenas, entre homicidios y lesiones culposas, y actualmente tenemos 8 personas con prisión preventiva por homicidios con dolo eventual. Salimos del paradigma de que el Derecho Penal no previene, porque cuando logramos una condena justa podemos transmitir a toda la sociedad que la convivencia vial es clave y que quienes violan las normas y afectan a otras personas van a recibir el reproche estatal que les corresponde.

-¿La experiencia mendocina puede ser replicable en otras provincias?

-Por supuesto que sí. En Santa Fe, por ejemplo, están avanzando hacia el mismo destino. La Pampa está elaborando una idea similar.  Y claramente en Nación podría crearse una Unidad para delitos viales, así como las hay para llevar adelante la acusación  en temas de violencia institucional, lavado de dinero o violencia de género, por citar 3 casos. Es lo menos que el Ministerio Público puede hacer para acompañar a las víctimas.